El Conflicto Armado Colombiano es una
guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde la
década de 1960.4 Los principales actores involucrados han sido el Estado
colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de
extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial
desde los años ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar
con el narcotráfico.
El conflicto
tiene sus antecedentes históricos en la época de «La Violencia» (conflicto
bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores y que tiene sus orígenes
primigenios cuando Colombia -entonces llamada la Nueva Granada- se independizó
de España e inicia una pugna sobre el modelo de Estado que debía adoptar el
país), sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un
enfrentamiento diferente.
Las causas
para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en una amalgama
de elementos entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto
por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas,
o la polarización y la persecución de la población civil debido a su
orientación política. También destaca la permanencia de guerrillas de
orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se
ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado.
Durante la
década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se
caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en
numerosas regiones del país,7 8 por los asesinatos selectivos de miembros
civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como
por la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la guerrilla en
desarrollo de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro
extorsivo de familiares de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla).5
En esa década, el país experimentó transformaciones económicas que se centraron
en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el
dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria, así como de la minería del
carbón, el petróleo y el oro. A esta irrupción de nuevos polos de desarrollo
económico se sumó el suroriente del país, donde creció la industria ilegal de
la coca.
La época en
la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003,9 pero es en
la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación
del conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las
desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el
desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares
y políticos;10 11 el pico de este recrudecimiento se presenta durante la
presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen
el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y
paramilitares.
A partir de
la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y
2006,12 sumado al debilitamiento de la guerrilla,13 se presenta un descenso de
la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no
cesaron su accionar sino que siguieron comportándose como carteles de droga con
gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), mientras que la guerrilla
todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del
país
En 2013 un
estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958.16
Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de
guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas
categorias se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas,
secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el
asesinato de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura,
reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual
Debate
político por definición de "conflicto interno" y beligerancia
La definición
de «conflicto interno», al referirse a la confrontación de grupos armados
ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la
presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del
presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza
terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político,
y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a
las FARC y eso entorpecería lograr la paz.251 Las FARC perdieron el estatus de
'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés
Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo
beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en
lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido".
En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo
beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento
jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico
internacional, además de reunir las siguientes condicionesDominio real
y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado El gobierno
de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después
que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el
control de todos los municipios del país.
Aplicación
irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario El
gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho
Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos
de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser
ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones
como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las
grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.
En virtud de
la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar
como grupo "político" a un grupo "terrorista" para
negociar.
En la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) de iniciativa del gobierno
del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto
armado interno.257 De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no
implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.258
Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y
sectores afines.
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